Se lee en la demanda que “Entre los fines del Partido “NOS” que dan forma a su ideario, en la Declaración de Principios: “…sostiene como inclaudicable la defensa de la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte natural, así como de la familia y la cobertura de sus necesidades. “Sólo de este modo puede asegurarse la igualdad de oportunidades y la vigencia irrestricta del Estado de Derecho”, circunstancia que permite concluir válidamente que se encuentra legitimada para demandar”.

Dado que no existe otro medio legal para finalizar esta incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de los derechos y garantías constitucionales vulnerados por la ley, procedieron a realizarla por la vía de la Acción Declarativa.

Se comprendió que la ley 27.610 regula en abierta contradicción con el plexo constitucional la interrupción voluntaria del embarazo a requerimiento libre y consentido de la mujer gestante y a la atención postaborto sobre pretextados compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino de adecuar la legislación interna a los estándares internacionales en materia de salud pública, derechos humanos de las mujeres y de identidad de género, e invocando la finalidad de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible de mujeres.

Es así como se legaliza el aborto priorizando la voluntad de la mujer y el goce desentendido de toda responsabilidad de la sexualidad y aptitud reproductiva, sin atender a las cuestiones biológicas, éticas, morales y jurídicas subyacentes. Mediante la norma se concede a la mujer gestante el derecho a: a) decidir en forma autónoma la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del desarrollo intrauterino del niño (104 días), esto es hasta 13 semanas luego del comienzo de la personalidad jurídica humana y cuando se han formado y se hallan en funcionamiento los órganos del niño; b) requerir en forma libre y consentida que se les garantice la atención y practique el aborto en los servicios del sistema de salud pública y privados, en un plazo máximo de 5 días corridos contados desde la solicitud; c) requerir y que se les brinde atención postaborto en los servicios del sistema de salud, se trate o no de un aborto legalmente habilitados; d) prevenir los embarazos “no intencionales” mediante el acceso a información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces.

Además, la norma despenaliza el aborto para la mujer gestante y da nueva configuración al delito tipificado en los arts. 84 a 87 del Código Penal. Se incorpora una nueva figura (art. 85 bis) cuya comisión comprende a los médicos, autoridades y personal de la salud.

Son conocidos los verdaderos y únicos fundamentos de la ley 27.610 que son la voluntad estratégica de instaurar las políticas de género y aborto como modalidad de control social y su origen en la burocracia y organismos internacionales.

Por la gravedad de la cuestión en la demanda se solicitó a V.S. que se disponga una medida cautelar urgente de no innovar la ley por el plazo de 120 días (que se estima que pueda durar la tramitación de la causa y substanciación de la prueba), prorrogable en caso de que V.S. así lo disponga. Cada día que pasa conlleva la eliminación de alrededor de 30 a 40 niños en el territorio bonaerense por vía de las prácticas de aborto a requerimiento consentido que ya se vienen observando por el Protocolo ILE -Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.

Se pidió también habilitar la feria judicial y los días inhábiles para que se pueda tramitar la demanda y medida cautelar urgente. Se solicitó también ante el Juzgado Federal de turno de la Ciudad de La Plata, la habilitación de la feria judicial de este mes de enero, para que no afecten los derechos constitucionales y sustanciales reflejados en la ley, así como tampoco aquellos que protegen y tutelan el Interés Superior del Niño conforme a las leyes 23.849 y 26.061.