INICIATIVA POPULAR (ART. 39 C.N.):

PROGRAMA FEDERAL DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER EN SITUACIÓN DE CONFLICTO CON SU MATERNIDAD Y DE GUARDA TEMPRANA DE MENORES EN RIESGO CON FINES DE ADOPCIÓN


  1. Fundamento:

Hemos elaborado un proyecto de programa federal para la asistencia integral a la mujer en situación de conflicto con su maternidad y de guarda temprana de menores en riesgo con fines de adopción, cuyo tratamiento solicitaremos al congreso por la vía de la iniciativa popular prevista en el art. 39 de la constitución

La cantidad de firmas mínimas necesarias es de 500.000 exigidas por la ley 24.747 correspondientes al 1,5% del padrón electoral de la última elección de diputados nacionales (33.193.686) que sean representativas al menos de 6 distritos electorales. 

Lo que se pide con la presente iniciativa es la inmediata supresión de las prácticas abortivas impulsadas por el gobierno a través del protocolo ILE, así como que se haga efectiva la formulación de un programa de atención integral de la mujer en situación de conflicto con su maternidad y de los menores en gestación.

Constituye una función primaria del congreso dictar las normas legales que hagan efectivas las tutelas de los derechos y garantías contenidos en la primera parte de la constitución y los tratados internacionales incorporados al derecho interno conforme a las previsiones del art. 75, inc. 22.

  1. Contenido de la iniciativa popular: ¿Qué pedimos?

  • Que fundado en la congruencia del ordenamiento legal interno se dicte una norma que implemente un programa federal de atención integral a la mujer en conflicto con su maternidad que refleje una política pública acorde a la vida, dignidad e intereses de la mujer y del niño en gestación.

  • Que se dicte una norma que disponga la creación de una agencia profesionalizada que sea la encargada de la elaboración de los protocolos de implementación y seguimiento de las asistencias, la coordinación de los registros de adoptantes en todo el territorio de la república y la gestión del registro de datos genéticos de autores de delitos de violencia sexual.

  • Que se garantice la asistencia a todas las mujeres víctimas de abuso sexual en forma inmediata, efectiva e integral;

  • Que acorde con la dignidad e intereses del niño en gestación, esto es desde la concepción y hasta el momento del alumbramiento, las medidas y acciones que adopte la madre deban contemplar suficientemente su condición de sujeto de derechos y no objeto pasivo de su propiedad

  • Que se disponga la modificación del art. 607 inc. b) del Código Civil y Comercial de la nación a fin de posibilitar el dictado de medidas de guarda temprana con fines de adopción de los menores en riesgo a partir de su nacimiento;


  1. Encuadramiento jurídico de la ilicitud del aborto:

La Constitución de la Nación Argentina, de decidida impronta humanista y de identificación con el desvalido, como manifestación soberana del Pueblo, ha reconocido, por medio de los tratados y declaraciones internacionales y las leyes dictadas en su consecuencia, en el hecho biológico de la concepción el inicio de la existencia humana y conferido, a partir de ese mismo momento, el reconocimiento de la personalidad y una protección de carácter universal e inalienable, como titular de derechos diferenciables de los de su progenitora que se extienden hasta su terminación por la muerte natural.

La ley asume la protección del hecho vital de la vida humana sin menguas de su dignidad suprema y sin condicionamientos de ningún orden, por su significancia para la realización del progreso y felicidad de la sociedad. 

La vida es por definición el primer derecho de carácter universal. Es el fundamento necesario sobre el que residen todos los demás derechos humanos y significa, sin ninguna restricción, el respeto a la oportunidad de vivir que asiste al ser humano y consecuente tutela durante su gestación. 

Esta visión, pacífica en la doctrina y jurisprudencia local está inmersa en una antropología que asume al ser humano como sujeto, objeto y fin del derecho y que invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia. 

Es por ello que constituye una obligación primaria e inclaudicable de los poderes e instituciones del Estado la protección del niño en gestación contra el aborto como forma de resolución de los embarazos no deseados y otras modalidades no menos graves que estén orientadas a frustrar su vida por causas ajenas a la naturaleza.

El “derecho a la vida” es un acto de reconocimiento del Estado como actividad ordenada al “bien común” que se debe concretar brindando a los operadores jurídicos y sociales las herramientas que compaginen los derechos, cargas y obligaciones de los padres entre sí y para con el niño en gestación, sin reconocer prerrogativas que conviertan al niño por su dependencia biológica en una entidad carente de derechos.

En aras de solucionar situaciones de conflicto de la maternidad no deseada nunca será lícito acallar los derechos personalísimos ni frustrar la vida del niño. Esta visión ha sido uno de los motores de la evolución esperanzada de la cultura occidental y cristiana que informa nuestro sistema organizacional humano.

La incorporación al derecho interno de los tratados internacionales por la reforma de 1994 no conllevó una mengua a las justas aspiraciones de la sociedad argentina en su conjunto y de cada uno de sus individuos en particular, ni el país se obligó a dar a los niños no nacidos el tratamiento que les es dado a nivel de organismos internacionales que los sitúa por debajo de la calidad de persona humana, para constituir el núcleo pasivo de las políticas de control de la natalidad y de aborto impulsadas desde éstos. Dichas políticas agravian la idiosincrasia del pueblo de la nación, verdadero y único soberano en su territorio.

En orden a la justificación del aborto se pretende hacerla sobre el texto del art. 86 del Código Penal como causal de exoneración de responsabilidad, lo cual únicamente se podría extender a los casos donde exista un peligro para la vida o la salud de la madre, si este peligro no puede ser evitado por otros medios (inc. 1°); o, si el embarazo proviniera de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente (inc. 2°).

En el primer supuesto la excusa absolutoria obedece a la existencia de un peligro que debe ser real y fundado con subordinación a los criterios universalmente aceptados que determinen desde la ciencia médica una incompatibilidad insalvable para la continuidad de las dos vidas, en función de los recursos humanos y técnico disponibles, esto es, que la frustración de la vida del niño para la vida de la madre no pueda ser evitada, pues en tanto ello resulte factible no existiría dilema alguno respecto de qué vida se ha de defender, correspondiendo atender a ambas vidas. El dilema normativo es prácticamente nulo en la actualidad a tenor de los avances de la medicina y no debería ser utilizado como justificación de un derecho al aborto legal.

En el segundo inciso de la norma, si bien el aborto como finalización quirúrgica del tormento de la víctima de abuso sexual podría ser entendido como un supuesto legal donde se exime de responsabilidad penal, obliga a contemplar en la conformación de las opciones a disposición de la madre el modo ajustado a derecho de resolver la maternidad en conflicto con el menor daño posible a las vidas de la madre y su hijo, compaginando los derechos de este, quien es por su carácter diferenciable de sus progenitores inocente de todo cargo de abuso y titular de un interés a tutelar de conservar su existencia.

El acompañamiento y contención a la mujer en situación de conflicto con su maternidad que el Estado haga, con la ayuda de los facultativos médicos y equipos multidisciplinarios debe proporcionar las mejores alternativas de resolución del conflicto y los incentivos para su superación con conservación de la vida del niño en gestación, tratando de ahondar en las motivaciones de la mujer sin una postura condenatoria, a fin de que ésta pueda adoptar una resolución que sea libre, seria y esclarecida, siempre que su decisión implique considerar al niño sujeto con derechos y no objeto de su propiedad. Consideramos que la guarda temprana con fines de adopción de menores en riesgo podría configurar una alternativa con fundamento en el siguiente precedente jurisprudencial.

  1. El caso “NNA”:

El 12 de Julio de 2019, la magistrada de la provincia de Corrientes a cargo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres, dictó la Resolución en los autos LXP 19676/19: «NMR s/ situación de N.N.A.» por el cual, en un caso de una menor abusada encinta de su padrastro, implementó una solución fundada en derecho mediante la tutela del supremo interés del niño en gestación y el instituto de la guarda y adopción legal.

Este precedente abrió una línea jurisprudencial alternativa al resuelto en abstracto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de marzo de 2012, en el caso “F., A.L. s/ medida autosatisfactiva” (F. 259. XLVI), resultando superador en cuanto a la comprensión de los intereses del menor y la conservación de su vida como aspiración principal y obligación primaria de los operadores jurídicos, desarticulando la situación del conflicto aparente y transitorio en el tiempo con los derechos de la madre.

El caso NNA se trató del pedido de realizar la interrupción voluntaria del embarazo, cuya gestación había sido producto de reiteradas violaciones a las que era sometida la víctima por su padrastro, de quien ya tenía una hija. Ante el calvario padecido la menor había escapado del hogar familiar hacia la casa de su tía (Sra. NMR), quien la contuvo y acompañó a la judicatura a fin de denunciar la situación en procura de una solución en beneficio de la menor.

Habiendo sido atendida por el psicólogo forense y por los profesionales médicos del nosocomio se resolvió que lo peticionado enmarcaba en el supuesto de aborto no punible, requiriéndose la atención integral de la menor con derecho a la interrupción del embarazo, con “plena libertad” para esta de modificar su decisión hasta el momento mismo en que se le concretara la práctica. Es de destacar el rol eficiente que cumplió el equipo técnico de psicólogos del nosocomio que supo contener y asesorar adecuadamente a la menor sobre las consecuencias y riesgos del legrado y para que pudiera decidir en forma libre con un criterio humanista fundado en la ley.

Como medida protectoria el juzgado otorgó el cuidado personal de la víctima a su tía y ordenó la prohibición de acceso y acercamiento del padrastro remitiéndose copia de las actuaciones a la fiscalía en turno, a fin de que interviniera en el ámbito de su competencia. Posteriormente, la joven se presentó nuevamente en juzgado para comunicar que había sido dada de alta, luego de realizarse los estudios de rigor y que había decidido continuar con su embarazo y dar al bebé en adopción. Su decisión estuvo avalada por el informe de las psicólogas del nosocomio. 

Ante la comparecencia espontánea de la menor con el pedido de ser escuchada se llevó a cabo una audiencia en presencia de la asesora de menores. En el acto manifestó: “…En este momento yo quiero dar en adopción a mi bebé, a la familia que se va hacer cargo de él… Preguntada por la Sra. Asesora de Menores si tiene la decisión tomada, porque puede ocurrir antes el nacimiento, si está segura, convencida de la decisión. Contesta: si estoy segura, y no quiero ver al bebe al momento del nacimiento, quiero que este la familia adoptante presente para evitar que el bebé quede conmigo. Preguntada por la Sra. Asesora de Menores si no tiene intenciones de dar de mamar al bebé. Contesta: No…”. La Sra. NMR, tía materna y cuidadora personal de la menor, la asistió expresando: “…[quiero] que le atiendan bien como deben atenderla y que no le pregunten el porqué de la adopción el personal de enfermería y médico y del hospital en general y que, en razón de las especiales circunstancias de mi sobrina, solicito que sea internada en una pieza privada donde pueda estar sola, así nadie le pregunta nada. También, quiero que se resguarde [su] intimidad …”.

Hasta aquí los hechos, el juzgado de Familia se halló en presencia de la joven NNA en situación de conflicto con su maternidad no deseada, que exteriorizaba la decisión de dar a un hijo en adopción, inmediatamente al nacimiento, lo que requería un tratamiento especial a modo de proceso judicial preliminar y urgente, a fin de conciliar su derecho con el del niño, evitando todo tipo de riesgo y dar una respuesta de fondo que resultara a la vez humanista y superadora del drama. 

Por la ley vigente, uno de los requisitos para la declaración de situación de adoptabilidad, es la decisión libre e informada de los progenitores luego de los cuarenta y cinco días del nacimiento.

Ahora bien, cuando esta decisión libre e informada, comprensiva de sus tres elementos: información, capacidad-comprensión y voluntariedad, es manifestada durante el proceso de gestación del niño por nacer, con especial consideración que el embarazo se había concretado por un abuso, la magistrada se planteó si era necesario forzar la maternidad, obligando al niño a permanecer junto a su madre, contra su voluntad, durante el plazo previsto para recién poder optar válidamente por dar al niño en adopción. La solución estuvo dada por cuanto la jueza concluyó que el requisito de los 45 días debía ser tenido para la ratificación, pero no como de carácter excluyente para la guarda con el alumbramiento, posibilitando al niño en riesgo ser ahijado por los posibles adoptantes. 

La magistrada coincidió con la postura de la Dra. Aida Kemelmajer, en cuanto a que las causas fuentes de situaciones para el dictado de la declaración de adoptabilidad, no son excluyentes, pueden presentarse tanto de manera concatenada como no, previendo en el ejemplo citado, la situación que se planteaba en el caso, al decir “tampoco es siempre así, de este modo, una madre puede estar decidida a dar a su hijo en adopción, por ejemplo, ante una violación y no será necesario trabajar con la madre para que el niño permanezca con ella y tampoco para que haya referentes afectivos que puedan hacerse cargo del cuidado del niño, por lo tanto, no sería necesario dejar transcurrir 180 días como lo establece el mismo artículo en el inciso c…”

La autonomía de la voluntad se proyecta en todos los ámbitos de la vida, sin discriminar entre cuestiones patrimoniales o extrapatrimoniales, más aun cuando se la voluntad ha sido expresada con anterioridad al parto y sostenida ante la justicia continuamente con convicción y desinterés.

En referencia al caso NNA, de las resultas de una ulterior pericia psicológica se daba cuenta que: “…Al momento de la evaluación, se trata de una personalidad normal, integrada y con un buen funcionamiento yoico, su afectividad es normal sin rasgos dignos de mención. Su nivel intelectual es medio con respecto a la norma, sin alteraciones. Se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales e intelectuales. Manifiesta capacidad de discernimiento…”

La jueza valoró los elementos del caso particular, ponderando el interés superior del niño por nacer que atiende a su reconocimiento como persona, defendiendo los derechos de quien no podía ejercerlos por sí mismo, y en ese recorrido decidió la medida cautelar que aseguró el superior interés del niño por nacer mediante la guarda y/o acogimiento inmediato al nacimiento. 

Se trató de una proceso cautelar urgente orientado a evitar los riesgos de un posible abandono o de entrega ilícita de hecho a terceros que acarreaba la permanencia del niño junto a su madre en contra de su voluntad por el plazo legal para darlo en adopción, acogiendo al niño una familia inscripta en el registro provincial y debidamente informada de las circunstancias particulares bajo la condición de que luego del nacimiento, la progenitora debía ratificar su decisión y continuarse el procedimiento de adopción. Esta medida fue apoyada por la asesora de menores quien dictaminó: “…habida cuenta de la indeclinable posición de la progenitora de no generar lazo afectivo con el niño por nacer; sugiero a V.S. convocar a las familias que estuvieran inscriptas en el R.U.A., a los fines de que sean estrictamente informados sobre la situación particular que subyace de la presente causa, y en efecto manifiesten si tienen interés en asumir el ahijamiento provisorio del niño desde el momento en que se produzca su nacimiento, hasta tanto se cumplimente el plazo de 45 días previsto en el artículo 607 inc. “b” del C.C. y C.; término en que la progenitora pueda rectificar su consentimiento de dar en adopción a su hijo recién nacido, para luego resolver en definitiva la posible declaración de adoptabilidad que establece el art. 607 inc. “b” del C.C. y C.; y que la familia que materializó la custodia lleve adelante el proceso de adopción conforme normativa vigente.”

Efectuada la selección de los posibles adoptantes se celebró una nueva audiencia informativa a la que comparecieron la joven madre en situación de conflicto asistida por su cuidadora personal y la asesora de menores y el matrimonio designado para la guarda con fines de adopción, tomando las partes contacto personal ante la inmediación de la jueza de familia, quien explicó los motivos de la audiencia y el plazo de 45 días dispuesto por el art. 607 inc. b del Código Civil y Comercial para la ratificación del consentimiento por la madre biológica. Se informó la fecha probable del parto y el nosocomio en el cual sucedería el alumbramiento. En el acto, la jueza reiteró una vez más la pregunta a la menor sobre si se encontraba segura de la decisión manifestada, a lo que esta respondió afirmativamente. Se le hizo saber entonces que tenía la absoluta libertad de cambiar de opinión hasta el mismo día del parto y, habiéndosele -por un lado- garantizado el derecho a la joven madre a ser oída y comprendida, evaluada por la interdisciplina, con las debidas garantías y con el respeto que se merece la decisión tomada, y -por el otro- la selección de los postulantes inscriptos en el registro de guarda con fines de adopción, privilegiando la fecha de inscripción del legajo correspondiente; y, primordialmente respetando el interés superior del niño por nacer, principio rector que configura una regla de oro de la que no puede apartarse ninguna normativa que involucre los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño…” (art. 3 CDN), que en el caso, se concretó con la protección, cuidado y ahijamiento del niño ante las diferentes circunstancias fácticas que podrían vulnerarlo, para integrarlo inmediatamente a una familia, la cual le brindaría el afecto y sustento que no resultaba posible en el seno de su familia biológica, asegurando su contención con aquellos que deseaban brindarle amor y cariño.

  1. Necesidad de reemplazar el protocolo de atención integral a las personas con derecho a la ILE por un programa federal de asistencia integral a la mujer en conflicto con su maternidad:

La ejemplaridad del caso “NNA” vuelve aconsejable resignificar la actividad del Estado a través de un programa federal de asistencia integral a la mujer en situación de conflicto con su maternidad de carácter obligatorio, temprano y sumarísimo y que atienda al superior interés de conservar la vida del niño por nacer, en la medida que ello resulte posible y no constituya un óbice para la vida y salud física de la madre.

La actividad del Estado no debe orientarse a la interrupción indiscriminada de embarazos como sucede en la actualidad bajo el protocolo ILE, el que se haya fundado en concepciones jurídicas y sociales erróneas.

Se debe remarcar a los funcionarios como condición de idoneidad del cargo el deber de observar la constitución nacional en los fundamentos, valoraciones y fines de los protocolos a fin de no desvirtuar sus deberes primarios con interpretaciones de orden personal o derivadas de pretensas sumisiones de la nación a los organismos internacionales.

Se debe recordar a los funcionarios públicos encargados de la elaboración de los protocolos que la interpretación de recomendaciones y las normas de rango internacional, por mandato del art. 75 inc. 22, no derogan artículo alguno de la primera parte de la constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías allí reconocidos sólo en la medida que signifiquen un mayor grado de protección para las personas.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para las naciones miembros se basan en consideraciones ideológicas y filosóficas que no necesariamente se compatibilizan con el plexo constitucional. Por lo tanto, constituye un deber ineludible de las instituciones del Estado Argentino elaborar sus propias mediciones y llevar un registro pormenorizado de los temperamentos que se adopten, debiéndose evitar toda referencia a estadísticas del exterior y/o declaraciones de dicho organismo internacional no basadas en la ciencia médica, por cuanto es pública y conocida su decidida impronta proaborto.

La deficiencia observada por el Ministerio de Salud en la implementación de los protocolos vuelve aconsejable que la autoridad de aplicación de las normas relativas a un futuro programa de carácter federal se deleguen en un organismo profesionalizado.

  1. Programa federal para la Atención Integral de la Mujer en conflicto con su maternidad:

  1. Se dicte una norma disponiendo la creación de la Agencia Federal para la Atención Integral de la Mujer y la Persecución de Delitos Sexuales: 

    1. Serán fines de competencia exclusiva de la Agencia: 

          1. La asistencia integral inmediata a las mujeres en situación de conflicto con su maternidad, cuando dicha situación encuadre en uno de los supuestos del art. 86 del Código Penal Argentino. 

A tal fin celebrará acuerdos con los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de capacitar a los funcionarios y magistrados de orden local afectados a brindarla, en el marco del programa federal y las políticas públicas para la concreción de ésta.

          1. Elaborar y actualizar los protocolos. Dicha actividad la realizará por un comité integrado por un representante de cada ministerio con competencia en la materia (Salud, Acción Social, Justicia y Derechos Humanos), un representante médico de las sociedades médicas a designar por el Ejecutivo, un representante del cuerpo de asesores legales a las víctimas de abusos sexuales y un representante del Ministerio Público Fiscal. 

El representante de las sociedades médicas además de título de médico deberá contar con formación en bioética y percibirá una compensación de carácter no remunerativa equivalente a la retribución de director de ministerio, sin cómputo de la antigüedad ni cargas de familia y, durará dos años en sus funciones.

          1. Coordinar conjuntamente con los organismos e instituciones locales los registros de guarda de menores en riesgo con fines de adopción, orientando su intervención a prohijar los niños a partir de su nacimiento y preservar los derechos de la madre en situación de conflicto con su maternidad en gestación a rever su decisión de dar en guarda temprana con fines de adopción antes y luego del alumbramiento, con sujeción a los plazos y demás condiciones de la ley, y los que se fijen en cada caso por los juzgados intervinientes en función de las particularidades de la asistencia y acompañamiento necesitado.

          2. Llevar las estadísticas de los casos y procurar establecer patrones de los delitos sexuales y análisis del funcionamiento del programa en cuanto a la reducción de los tiempos de intervención y mejoramiento de la asistencia integral y calidad del acompañamiento.

          3. Elaborar recomendaciones orientadas a la prevención y detección temprana de situaciones de abuso sexual intrafamiliar.

          4. Elaborar recomendaciones para la persecución de los delitos sexuales y llevar el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

          5. Previo al inicio de las actividades ordinarias del Congreso de la Nación remitir un informe con la actividad cumplida en el año calendario previo, las estadísticas que se hubieren colectado en el país y las recomendaciones de orden legislativo en función de los patrones establecidos para el mejoramiento de las leyes protectorias de la madre, del niño por nacer en riesgo o dado en guarda para adopción.

    1. La Agencia Federal contará con una partida presupuestaria del Tesoro Nacional para sus cometidos y será presidida por un funcionario de carrera dependiente organizacionalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con rango de Director Nacional, que deberá ser de profesión abogado con idoneidad y antecedentes probados para el cargo.

    2. La Agencia Federal tendrá legitimación activa en los procesos donde se debatan cuestiones relativas a la mujer en conflicto con su maternidad y podrá resarcirse de quiénes resulten penalmente responsables, en concepto de costas y compensaciones por los gastos irrogados por su intervención, la atención y acompañamiento de la mujer y el prohijamiento de los niños. La cuantía será fijada por el juez civil. La Agencia Federal estará exenta del pago de tasas de justicia y/u otras obligaciones de orden contributivo a los colegios públicos de abogados o previsional a cargo de los profesionales que la representen. Los fondos y bienes colectados pasarán a integrar su patrimonio.

    3. La Agencia Federal organizará y supervisará los cursos de capacitación a los profesionales médicos de los hospitales públicos, asistentes sociales, psicólogos forenses, magistrados y profesionales encargados de la contención y/o asesoría letrada a las víctimas y del ministerio público fiscal.

  1. Será deber de los profesionales de la salud dar aviso inmediato a la autoridad policial de toda y cualquier situación de abuso sexual devenida en un embarazo no deseado de mujeres menores de 13 años o mayores de esa edad que, por las particularidades del caso, pudieran derivar en un aborto o en situaciones de abandono o adopciones de hecho por fuera del marco legal. A partir de la denuncia las historias clínicas y actuaciones administrativas, técnicas y judiciales tendrán carácter reservadas, no pudiéndose revelar su existencia, la identidad de la mujer ni su contenido, tanto a familiares como a terceros, excepto aquellos que el juzgado civil admita en función de su participación en la contención a la víctima. La violación de la obligación de mantener el secreto constituirá causal de exoneración del agente o funcionario. Todas las personas que se incorporen al proceso deberán firmar una declaración de sigilo (o secreto) y su violación ser reprimida en los términos del art. 157 del Código Penal.

  2. Corresponderá a la autoridad policial proceder a la individualización de la víctima, así como dar aviso inmediato al juzgado civil de turno. La actividad del personal policial tendrá preferencia a cualquier otra actividad que por sus funciones tuviera asignada. Así también elevará un informe sumario de lo actuado a la fiscalía para el inmediato inicio de las actuaciones penales que hagan cesar el abuso y toda otra situación de riesgo físico y psicológico para la víctima. Se cerciorará de la seguridad física de la víctima pudiendo, con la venia judicial, disponer el traslado a un lugar seguro, con cargo al programa federal.

  3. El juzgado civil de turno por medio de un funcionario ad-hoc y el fiscal de turno se constituirán en el nosocomio de inmediato al aviso de la autoridad policial, a fin de verificar que se cumplan satisfactoriamente con las actuaciones de los equipos técnicos forenses e inicio de la contención y acompañamiento a la víctima.

  4. Dentro de un plazo que no podrá exceder las 48 horas el juez civil recibirá a la víctima para prestar declaración en audiencia con la participación del asesor de menores, del asesor letrado de la víctima y del representante del ministerio público. Recibirá los informes de los equipos técnicos forenses y de contención y ratificará y/o dispondrá medidas complementarias para la seguridad física y contención psicológica de la víctima. Constituyen obligaciones del Juez:

    1. Hacer saber a la victima el carácter reservado de las actuaciones y alcances del programa;

    2. Designar la persona de confianza de la víctima para su acompañamiento;

    3. Hacer una valoración del estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima tratando de ahondar en las motivaciones de las solicitudes que esta vierta en orden a su asistencia sin asumir una postura condenatoria, respetando el derecho a decidir siempre que su decisión implique considerar a niño en gestación sujeto con derechos, no objeto de su propiedad;

    4. Expresar las alternativas de resolución posibles a disposición de la mujer para la superación de la situación y sus razones en virtud de los informes técnicos de orden físico y psicológico, procurando que la manifestación de voluntad que realice la víctima sea libre, seria y esclarecida. Fijará una nueva audiencia no más allá de los siete días subsiguientes;

    5. Dictar las medidas complementarias para la contención con cargo al presupuesto de la Agencia Federal y que cubran la vivienda, acompañamiento, manutención y de asistencia médica y psicológica de la víctima y del niño en gestación. En cuanto se pueda preservar la vida del menor en gestación, la madre tendrá derecho a que se le mantenga la asistencia por el lapso de dos años luego del alumbramiento si el niño permaneciera con ella o, de un año si la decisión de la madre fuera darlo en guarda temprana con fines de adopción. Tratándose de una menor de edad la asistencia se mantendrá hasta la mayoría si este plazo resultara mayor. Las jurisdicciones podrán sumar beneficios asistenciales e incentivos económicos para las mujeres en situación de conflicto con su maternidad, en especial de formación educativa, programas de formación laboral y vivienda, expresando las condiciones para su reconocimiento y conservación. Los beneficios de las jurisdicciones locales serán de carácter acumulativo con los federales hasta el límite de 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

  1. En caso que la víctima resolviera la dación del niño en guarda temprana con fines de adopción se procederá a convocar a las familias que estuvieren inscriptas en el Registro Único de Adoptantes de la jurisdicción, a los fines de que sean estrictamente informados de la situación que subyazca a la causa y que manifiesten su interés en asumir el ahijamiento del niño desde el momento en que se produzca su nacimiento hasta tanto se cumpla el plazo de 45 días previsto en el art. 607 inc. b) del Código Civil y Comercial, término en el que la progenitora deberá rectificar o ratificar su consentimiento de dar en adopción a su hijo, para luego continuar la tramitación del proceso con el o los adoptantes conforme a la normativa vigente, si fuera el caso. Los aspirantes a guardadores deberán cumplimentar las condiciones legales y reglamentarias, lo que será verificado por los equipos técnicos del tribunal y declarado por resolución del juez. Corresponderá al juez civil dictar las medidas procesales con carácter de urgente orientadas a la selección de la familia y coordinación de la recepción y guarda del menor, citación y presencia en el establecimiento donde se realizará el parto. La internación de la madre en el nosocomio será en una habitación particular, sin otro contacto que los que autorice el juzgado civil interviniente.

  2. Las medidas dispuestas se notificarán por oficio a la dirección del establecimiento hospitalario donde se lleve a cabo la atención médica y consignarán las indicaciones para la protección de la salud física y psicológica de la madre, su seguridad y restricción absoluta de visitas no autorizadas por el juzgado, y las relativas al niño a partir de su nacimiento. 

  3. Quedará consignado en la manda que ninguna persona del establecimiento, a excepción de los equipos técnicos y los facultativos que tengan a su cargo el cuidado de la paciente, podrá acceder a la habitación y que ninguno podrá tratar de influir en la decisión de la madre ni hacer manifestaciones o comentarios en su presencia ajenas a su cometido asistencial sin autorización del tribunal, constituyendo la violación comprobada a dicho mandato judicial causal de exoneración del hospital.


  1. Modificación al Código Civil y Comercial de la Nación:


Se propone la sustitución del último párrafo del artículo 607 del Código Civil y Comercial que quedará redactado del siguiente modo:

“En casos de abuso sexual que coloquen a la madre en situación de conflicto con su maternidad, no será de aplicación la limitación de adoptabilidad consignada en el párrafo precedente en favor de los familiares o referentes afectivos del niño, niña o adolescente. El juez está autorizado con consentimiento de la madre a dictar medidas de guarda con fines de adopción a partir del nacimiento del menor, debidamente respaldados por los informes de los profesionales médicos y equipos técnicos que asistan a la madre, computándose el plazo de cuarenta y cinco días del inc. b) para la rectificación de la decisión de la madre de dar el niño en adopción. El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días.”


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